Ciudad de México.- La Comisión de Marina, presidida por Jaime Martínez López, aprobó el dictamen para reformar la Ley de Educación Naval y un exhorto a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).
Con la modificación a la fracción III del artículo 10 de la Ley, se incorpora el enfoque de interculturalidad, derechos humanos y perspectiva de género, como parte de la formación académica de los futuros oficiales de la Armada de México, en razón de que armoniza su contenido a lo previsto por la Constitución Política y los tratados internacionales.
La Comisión establece que la interculturalidad es el concepto más novedoso en busca de asegurar la igualdad en las diversas sociedades culturales, fomenta la mezcla de interacción entre personas de diferentes orígenes, culturas y creencias para construir una identidad colectiva que abarque el pluralismo cultural, los derechos humanos, la democracia, la igualdad de género y la discriminación.
Las acepciones de interculturalidad, derechos humanos y perspectiva de género deberán integrarse en los objetivos del sistema educativo que imparte la Secretaría de Marina, a través de la Universidad Naval, en sus diversos niveles de enseñanza.
Sobre la igualdad de género, subraya que se coadyuvará a construir una sociedad en donde a las mujeres y hombres se les reconozcan sus derechos y los ejerzan sin distingo de oportunidades.
En torno, a los derechos humanos, el dictamen establece que incluir su enfoque como parte de la formación académica de los fututos oficiales de la Armada de México, armoniza su contenido a lo previsto por la Constitución Política y los tratados internacionales suscritos por nuestro parte en la materia.
También aprobó por mayoría un punto de acuerdo para exhortar a Petróleos Mexicanos (Pemex) a que informe a la Cámara de Diputados sobre los casos que se han denunciado como hechos posiblemente constitutivos de delito ocurridos en las instalaciones de la Sonda de Campeche y en las embarcaciones que les brindan servicios.
El diputado del PVEM, Javier Joaquín López Casarín, propuso remitir este informe a la Cancillería para robustecer la demanda que en nombre del gobierno de México se hizo a los productores de armas, y que en su defensa han señalado que no hay un agravio directo a nuestro país.
Refirió que vamos a iniciar un proceso jurídico importante, donde la mayor cantidad de pruebas que se tengan contribuirán a sustentar dicha demanda y ejemplificar los daños que esas armas, que entran a nuestro país de manera ilegal y que son comercializadas, la gran mayoría, en los Estados Unidos, sí generan daños concretos y directos al gobierno de México.
Por MC, Salvador Caro Cabrera consideró que el propósito es sumamente positivo, por lo que se sumó a la propuesta. Llamó a contribuir con la Secretaría de relaciones Exteriores a partir del trabajo de las comisiones de Marina, de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública para articular un esfuerzo, a fin de que la Cámara de Diputados tenga una respuesta sistemática y contribuir a ese objetivo.
